Compliance para Asociaciones sin ánimo de lucro

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Todos hemos oído alguna vez nombrar este término relacionado con la empresa. Es una expresión que se refiere a la responsabilidad penal de las personas jurídicas y, en especial, a la serie de prácticas a realizar para evitarla, en la medida de lo posible. La responsabilidad personal de los órgano directivos de cualesquiera sociedad está relacionada con el artículo 31 del Código Penal que dice: “El que actúe como administrador de hecho o de derecho de una persona jurídica, o en nombre o representación legal o voluntaria de otro, responderá personalmente, aunque no concurran en él las condiciones, cualidades o relaciones que la correspondiente figura de delito requiera para poder ser sujeto activo del mismo, si tales circunstancias se dan en la entidad o persona en cuyo nombre o representación obre.” O sea, que de los delitos que pudieran cometerse al amparo o bajo la responsabilidad de la persona jurídica responden sus o su responsable. Así de claro. Y, no lo olvidemos, una asociación, fundación, etc son, sin duda, personas jurídicas y, por tanto, sus responsables lo son también, penalmente. Podemos pensar que normalmente no se cometen delitos en un AMPA, en una Asociación Deportiva, en una ONG de ayuda al tercer mundo, pero eso no exime de la gravedad de la repercusión personal que podría tener en sus responsables los hechos cometidos por, pongamos, un trabajador de esta (un entrenador, por ejemplo), un voluntario e incluso un colaborador. ¿Podemos estar seguros de que no se realizará ninguna actividad delictiva o un ilícito administrativo en ningún momento? No lo creo, y de eso es consciente el legislador y nos indica la “necesidad-obligación” de crear un programa específico de cumplimiento. Un programa que nos permita, en la medida de lo posible, impedir esas acciones. Que demuestre que se ha ejercido el control necesario y razonable, que se han dado los controles suficientes para que, en el supuesto de que se cometa la infracción, sus consecuencias no repercutan sobre el/la presidente/a, o sus órganos, de nuestra asociación. El Artículo 31 bis del CP enumera los supuestos de los que las personas jurídicas serian responsables para, a continuación, en su apartado 2 exponer la forma en la que podrían no serlo. Veamos, son responsables: “a) De los delitos cometidos en nombre o por cuenta de las mismas, y en su beneficio directo o indirecto, por sus representantes legales o por aquellos que actuando individualmente o como integrantes de un órgano de la persona jurídica, están autorizados para tomar decisiones en nombre de la persona jurídica u ostentan facultades de organización y control dentro de la misma. b) De los delitos cometidos, en el ejercicio de actividades sociales y por cuenta y en beneficio directo o indirecto de las mismas, por quienes, estando sometidos a la autoridad de las personas físicas mencionadas en el párrafo anterior, han podido realizar los hechos por haberse incumplido gravemente por aquéllos los deberes de supervisión, vigilancia y control de su actividad atendidas las concretas circunstancias del caso.” Su punto segundo es extenso, pero lo que hace es ponernos delante de un compendio de obligaciones que se deben seguir para eximir de responsabilidad a la asociación y a sus directivos. Normas que conforman la creación de un programa de cumplimiento donde se recojan los riesgos posibles y los métodos, protocolos, controles, etc que han de imponerse en aras de la máxima minimización de los riesgos. En resumen, es necesario la creación de un programa de cumplimiento también en las asociaciones sin ánimo de lucro. En nuestras manos estará hacer de la necesidad virtud y planteárnoslo como un inmejorable instrumento para evaluar los procesos y los riesgos que, sin duda, se dan en la mayoría de actividades realizadas por las asociaciones sin ánimo de lucro.
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